DICTAMEN N.º 295/2013, de 17 de septiembre. *

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  DICTAMEN N.º 295/2013, de 17 de septiembre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial incoado a instancia de D. ª X, a consecuencia de las lesiones sufridas tras la caída en una
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DICTAMEN N.º 295/2013, de 17 de septiembre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial incoado a instancia de D. ª X, a consecuencia de las lesiones sufridas tras la caída en una calle del municipio de Sonseca (Toledo). ANTECEDENTES Primero. Reclamación.- En fecha 21 de marzo de 2013 D.ª X presentó, en el Ayuntamiento de Sonseca (Toledo), escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, poniendo de manifiesto que el día 15 de marzo de 2012, sobre las 17:30 horas, al salir de clase del Centro K (ubicado en el antiguo S ) y dirigirme a mi domicilio, tropecé con un montículo de asfalto de la calzada, cayendo al suelo como consecuencia de dicho saliente, sin que fuese percibido por mí al no estar señalizado de modo alguno. [ ] Este incidente fue comunicado al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Sonseca, ya que es el profesor de la K. [ ] El mal estado de la vía pública, sin señalización alguna, y que dio lugar a que al pasar caminando por la misma tropezara y cayera al suelo, es la causa directa del daño, y demuestra el mal funcionamiento de la administración local en sus deberes de mantenimiento de la vía pública y señalización de la misma. Como consecuencia de la caída, se produjeron las siguientes lesiones: contusión en pómulo y maxilar superior, herida contuso cortante, sangrado de encías y dientes flojos (piezas 12, 11 y 21), laceración superficial, hematoma y contusión de rodilla y laceración superficial de nariz. Asimismo, se produjo la rotura de las gafas de sol que la interesada llevaba. La reclamante solicitaba una indemnización total de euros por los daños y perjuicios sufridos tras la caída, desglosada en los siguientes conceptos: - Reposición de piezas dentarias 11 y 21: 80 euros. - Gafas de sol: 99 euros. - Ortopantomografía y compostura provisional de piezas dentarias: 185 euros. - Tratamiento de colocación de cuatro implantes superiores: euros. - Colocación de cuatro pilares locutor y rehabilitación mediante prótesis superior sobre implantes: euros. La interesada fundamentaba su reclamación en que el mal estado de la vía pública, sin señalización alguna, y que dio lugar a que al pasar caminado por la misma tropezara y cayera al suelo, es la causa directa del daño, y demuestra el mal funcionamiento de la Administración local en sus deberes de mantenimiento de la vía pública y señalización de la misma. A esta solicitud se acompañaron, entre otros, los siguientes documentos: - Parte de lesiones del Centro de Salud C, emitido en fecha 16 de marzo de 2012, en el que se hace constar que la interesada sufrió una caída en puerta de S a las 17:15 del día 15/03/2012, al salir del colegio y cruzar la calle se tropezó con una estructura sólida. Se hacen constar las lesiones descritas por la interesada en su reclamación y que tan sólo precisó cura local. - Informes de atención sanitaria en el Centro de Salud C, de fechas 21 y 30 de marzo de 2013, en los que se indican los procedimientos de extracción de las piezas dentales dañadas que se llevaron a cabo. - Fotografías del lugar donde ocurrió el accidente y del desperfecto al que se atribuye su causa. - Factura de fecha 15 de marzo de 2012 por un importe de 80 euros en concepto de extracción de las piezas dentales 21 y Certificado médico de fecha 30 de marzo de 2012 en el que se hace constar que la reclamante presentaba fractura de las piezas 12, 11 y 21, según refiere la paciente a raíz de una caída, y que precisaron exodoncia de las mismas. - Factura de fecha 16 de abril de 2012 por un importe de 99 en concepto de adquisición de unas gafas de sol. - Factura odontológica de fecha 26 de abril de 2012 por importe de 185 euros, en concepto de ortopantomografía y compostura, añadir 12, 11 y 21 provisionalmente en esquelético antiguo. - Informe de Odontólogo de fecha 2 de mayo de 2012 en el que se hace constar que tras exploración, valora la pérdida de tres piezas dentales anteriores que soportaban una prótesis dental. Se recomendaba la rehabilitación oral mediante dos presupuestos alternativos, uno de euros y otro de euros. - Factura de fecha 5 de febrero de 2013 por importe de euros en concepto de tratamiento de colocación de cuatro implantes superiores. * Ponente: Enrique Belda Pérez-Pedrero 1 - Factura de fecha 21 de febrero de 2013, por importe de euros, por la colocación de cuatro pilares locator y rehabilitación mediante prótesis superior sobre implantes. Por último, la perjudicada ofreció la declaración testifical de dos personas. Segundo. Admisión a trámite.- Tras el informe jurídico emitido por la Secretaria del Ayuntamiento en fecha 11 de abril de 2013, en esa misma fecha el Alcalde resolvió admitir a trámite la reclamación presentada y nombrar instructora del procedimiento, notificando dicho acuerdo tanto a la reclamante como a la funcionaria designada. Tercero. Admisión de pruebas.- Mediante acuerdo del órgano instructor de fecha 16 de abril de 2013 se admitió la prueba testifical propuesta, indicando que la interesada deberá presentar declaración jurada de los testigos propuestos que habrá de ser firmada ante la Secretaria del Ayuntamiento. Cuarto. Informe del Arquitecto Técnico Municipal.- Al expediente se ha incorporado el informe emitido por dicho técnico del Ayuntamiento en fecha 17 de abril de 2013, en el que se hace constar que de acuerdo a las fotografías aportadas, el lugar parece ser la calzada de la confluencia de las calles Fray Gabriel de la Magdalena y Calvario. [ ] En la visita efectuada a la zona se aprecia lo siguiente: [ ] - A 2,80 metros lineales de la puerta de entrada del inmueble de C/ Fray Gabriel de la Magdalena, nº 18, hay un paso de peatones con una anchura de 4,20 metros. [ ] - En la C/ Calvario no hay paso de peatones. [ ] - En la C/ Fray Gabriel de la Magdalena frente al edificio de la escuela de Adultos hay un paso de peatones. [ ] - en la calzada de la esquina de C/ Calvario y C/ Fray Gabriel de la Magdalena no aparece ningún elemento que sobresalga de la planimetría normal. Quinto. Declaración testifical.- El 15 de mayo de 2013, a las 13:00 horas compareció la reclamante ante la Secretaria Municipal acompañada de tres testigos, manifestando que el día 15 de marzo de 2012, sobre las 17,30 horas al salir de clase del K y al dirigirme a mi domicilio tropecé con un montículo de asfalto de la calzada en la confluencia de las calles Clavario y Fray Gabriel de la Magdalena, cayendo al suelo como consecuencia de dicho saliente, sin que fuera percibido por mí al no estar señalizado de modo alguno, produciéndome los daños físicos que se describen en la reclamación presentada en el Ayuntamiento. Sexto. Trámite de audiencia.- Mediante escrito notificado a la interesada el 25 de junio de 2013, la instructora le concedió un plazo de quince días para que alegara lo que estimara conveniente, adjuntándose una relación de la documentación obrante en el procedimiento. El 28 de junio de 2013 tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento escrito de alegaciones de la perjudicada, en el que ponía de manifiesto que La puerta de entrada al centro no se encuentra en la C/ Fray Gabriel de la Magdalena, se encuentra en el Jardín del Calvario y existe una distancia de más de 2,80 metros al paso de peatones ( ). [ ] En la C/ Calvario no hay paso de peatones, con lo cual para ir desde la puerta de acceso del centro hasta mi domicilio tengo que atravesar el Jardín del Calvario y cruzar la calle Calvario por el lugar menos peligroso y más directo, ya que no existe paso de peatones. [ ] El lugar donde se encuentra el otro paso de peatones de la C/ Fray Gabriel no está en la puerta de entrada sino en la dirección contraria camino a mi domicilio, con lo cual no es lógico tomar ese camino, sería volver atrás. [ ] En relación a la planimetría normal que no aparece en la calzada de la esquina C/ Calvario y C/ Fray Gabriel de la Magdalena, no existe en la fecha de realización del informe de 17 de abril de 2013, pero hay que tener en cuenta que los hechos se produjeron el 15 de marzo de 2012 y días después se procedió a reparar la citada anomalía en el asfalto. La interesada terminaba solicitando una indemnización total de euros, más un 10 % por el pretium doloris, más los intereses moratorios desde el hecho causante. Se adjuntaban a este escrito croquis detallado del itinerario que tomó la interesada, certificado emitido por la Dirección del centro de educación de personas adultas en fecha 27 de junio de 2013 (en el que se hacía constar que la entrada principal y única a dicho centro está situada en la Plaza del Calvario), y diversas fotografías, entre las que se encuentran dos del estado actual de la calle donde se produjo el accidente, en las que se aprecia que ha sido nuevamente asfaltado. Séptimo. Propuesta de resolución.- En fecha 9 de julio de 2013 la instructora del procedimiento emitió propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación interpuesta, fundamentándose en que de la instrucción del expediente no ha quedado acreditada la existencia de un funcionamiento anormal de un servicio público, entendiendo que, aun habiendo existido una posible irregularidad en la calzada, ésta fue de índole menor, tal y como se puede observar en las fotografías [ ] estando ubicada en la calzada y no en la acera o en el paso de peatones, espacios éstos destinados al paso de viandantes, por tanto el acto de atravesar la reclamante la calle no se efectuó por el paso de peatones, incumpliendo con ello lo establecido en el art. 124 del Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. En tal estado de tramitación V. E. dispuso la remisión del expediente a este Consejo Consultivo, en el que tuvo entrada con fecha 26 de julio de A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes CONSIDERACIONES 2 I Carácter del dictamen.- El expediente remitido por el Ayuntamiento de Sonseca (Toledo) versa sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración municipal, presentada por un particular como consecuencia de los daños que ha sufrido por una caída. El artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece los elementos esenciales del procedimiento de responsabilidad patrimonial que han de seguir todas las Administraciones Públicas -tal y como indica su apartado 1- y, por tanto, también las Corporaciones Locales. El apartado 3 del citado artículo en la nueva redacción otorgada por la disposición final cuadragésima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dispone lo siguiente: Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artículo 143 de esta Ley. En el procedimiento general será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. Por su parte, el artículo 54.9.a) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispone que este último deberá ser consultado, entre otros asuntos, en los expedientes tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha referidos a reclamaciones de responsabilidad patrimonial por cuantía superior a seiscientos un euros ; y el artículo 57 de la misma Ley establece que Las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha solicitarán el dictamen del Consejo Consultivo, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, cuando preceptivamente venga establecido en las leyes. Este Consejo, en sesión celebrada el 25 de enero de 2012, acordó comunicar a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha su criterio respecto a la cuantía a partir de la cual las Corporaciones Locales han de solicitar su dictamen preceptivo en los expedientes de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, considerando que la remisión efectuada por el inciso final del citado artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, respecto a la cuantía a partir de la cual es preceptivo el dictamen del órgano consultivo «o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica», debe entenderse referida al límite de seiscientos un euros que establece la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, para considerar preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en los expedientes tramitados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Límite éste que opera de igual manera con respecto a los expedientes tramitados por las Corporaciones Locales de la Región, al ser el único establecido por la legislación autonómica, y porque de otro modo la garantía que supone la intervención del órgano consultivo en el procedimiento tramitado podría verse mermada en el ámbito local respecto al autonómico, si considerásemos que en el primero sólo es preceptiva la intervención cuando la cuantía de la reclamación iguala o supera un límite ( euros) que es sensiblemente superior al establecido para el segundo (601 euros). [ ] En consecuencia, es criterio del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que su dictamen ha de ser solicitado, conforme al artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a los artículos 54.9.a) y 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, en los expedientes de reclamaciones de responsabilidad patrimonial tramitados por las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha de cuantía superior a seiscientos un euros. En el presente supuesto, la reclamante solicita una indemnización de euros más intereses, por lo que el dictamen se emite con el carácter de preceptivo. II Examen del procedimiento tramitado.- Las normas aplicables a los procedimientos tramitados como consecuencia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas a la Administración se encuentran recogidas en el citado Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, disposición mediante la que se produjo el desarrollo reglamentario expresamente previsto en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El Consejo examina el procedimiento seguido en la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial desde una doble perspectiva. La primera tiene como objetivo pronunciarse sobre el cumplimiento de los trámites esenciales de los que depende que pueda dictarse válidamente la resolución que pone fin al procedimiento. En el caso de que se observe una vulneración de alguno, el Consejo devuelve el expediente para completar la instrucción, señalando el omitido o incorrectamente practicado. La segunda perspectiva no contiene ni precisa, por regla general, un pronunciamiento concluyente ni se interfiere en la tramitación realizada, pues se concentra en determinar si el modo en el que la instrucción realizada ha cumplido la finalidad que a esta actividad procedimental le asigna el artículo 78.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esto es, que en la fase instructora se efectúen los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. 3 La importancia de esta perspectiva radica en que en no pocos casos el cumplimiento meramente formal de los trámites o el incumplimiento de algunos, merma radicalmente las posibilidades de acierto y seguridad jurídica del dictamen que el Consejo Consultivo ha de emitir y de la resolución que ha de adoptar finalmente la autoridad consultante. En el presente caso desde la primera perspectiva señalada, no se aprecia defecto procedimental alguno que pueda invalidar el procedimiento tramitado, habiéndose dado cumplimiento a los trámites esenciales del mismo, como son la emisión del correspondiente informe de los Servicios municipales cuestionados, y el otorgamiento del preceptivo trámite de audiencia a la parte interesada. Respecto de la segunda, tampoco se estima la existencia de irregularidad alguna que impida dictar válidamente la correspondiente resolución, atendidos los elementos de juicio necesarios para la completa determinación de los hechos, si bien hubiera resultado conveniente que el Servicio correspondiente -Arquitecto Técnico Municipal- se hubiera pronunciado sobre la alegación vertida por la interesada de que el mal estado del asfalto fue reparado posteriormente a la caída, emitiendo informe complementario al respecto. No obstante dicha circunstancia, aunque no la menciona el Servicio, tampoco la niega en ningún momento, tan sólo dice que en el momento de emisión de tal informe y tras reciente visita, tales desperfectos no existían. 4 Señalado lo anterior, procede pasar a examinar las cuestiones de fondo suscitadas en el expediente. III Presupuestos normativos y jurisprudenciales para la exigencia de la responsabilidad patrimonial.- La responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución jurídica que goza en nuestros días de rango constitucional, con reflejo en los artículos 9.3 y de la Constitución, el último de los cuales establece que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Los presupuestos caracterizadores de la responsabilidad patrimonial de la Administración tienen su principal formulación legal en los apartados 1 y 2 del artículo 139 y 1 del 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los que se establece que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; que, en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas; y que sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. A partir de las notas legales antedichas, la copiosa jurisprudencia existente sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina, según la cual los requisitos exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva realidad de un daño material, individualizado y económicamente evaluable; segundo, que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen (Reglamento, acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que no se haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija la Ley -Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 23 de febrero de 2004 (Ar. JUR 2004\83545, FJ 2º) y de 13 de octubre de 2006, entre otras muchas, o, en parecidos términos, Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1989 (Ar. RJ 1989\1986, FJ 3º)-. A la relación de requisitos precitados cabría agregar también, como elemento de singular significación para apreciar la referida responsabilidad patrimonial, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido. El sistema de responsabilidad extracontractual aplicable a nuestras Administraciones Públicas ha sido calificado por la doctrina como de carácter objet
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